Como profesional inmobiliaria con años de trayectoria y matriculada en la Provincia de Córdoba, sigo de cerca cada novedad jurídica y regulatoria que impacta en nuestro ejercicio y, fundamentalmente, en la tranquilidad de nuestros clientes.

 

​En los últimos días, el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba (Ley 7191) hizo público el resultado de un proceso judicial de vital trascendencia para el sector: un fallo firme que rechazó definitivamente la demanda que el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI - Ley 9445) había iniciado en 2017.

 

​¿De qué se trató este litigio y qué resolvió la Justicia?

 

​El conflicto judicial llevaba casi nueve años en curso. En síntesis, la institución demandante pretendía restringir las facultades de intermediación inmobiliaria de los matriculados bajo la Ley 7191, solicitando que se limitaran las atribuciones del Colegio de Martilleros para otorgar matrículas con habilitación para el corretaje inmobiliario.

 

​Finalmente, la Justicia de Córdoba desestimó de manera categórica las pretensiones de la demandante y dejó en claro los siguientes puntos esenciales:

 

​Vigencia y pleno derecho de la Ley 7191: La creación posterior de un colegio específico no anula ni deroga las atribuciones históricas concedidas por la ley provincial a los martilleros y corredores públicos.

 

​Defensa del derecho al trabajo: El fallo reafirma el derecho constitucional de los profesionales colegiados bajo la Ley 7191 a ejercer de manera plena y legal la intermediación y el corretaje inmobiliario en todo el territorio provincial.

​Sentencia firme: Al quedar concluida la vía judicial, el fallo otorga máxima certeza y seguridad jurídica a la matrícula.

 

​Lo que esto representa para nuestros clientes

​Más allá del ámbito institucional, esta resolución aporta claridad y seguridad jurídica al mercado inmobiliario de Córdoba. Para quienes confían diariamente en nuestro trabajo de tasación, compraventa, alquileres o administración de propiedades, este fallo confirma que la labor desarrollada bajo el marco de la Ley 7191 cuenta con el respaldo legal, técnico e institucional que exige la normativa provincial.

 

​Seguir trabajando con la idoneidad, el compromiso y la transparencia de siempre es nuestra prioridad cotidiana. La certeza normativa fortalece el mercado y nos permite seguir acompañando a cada cliente con la solvencia profesional que sus operaciones merecen.

 

Martillera Mónica Ferrari

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